Impuesto a las gaseosas: la pelea de fondo

El proyecto de reforma impositiva que presentó el Gobierno nacional esta semana, y que aumenta la alícuota de impuestos internos de algunas bebidas alcohólicas y de las azucaradas, con el argumento de que no son saludables, activó una pelea latente.

La decisión oficial no terminó de conformar a ninguno de los sectores involucrados. Por un lado, las entidades promotoras de la salud cuestionaron algunas contradicciones –por ejemplo, la reducción de la alícuota del 75 por ciento al 70 por ciento en cigarrillos–, así como la marcha atrás con el incremento para el vino y para la cerveza. En tanto, productores de otras categorías de bebidas con alcohol, como el fernet, denunciaron discriminación. Finalmente, las fabricantes de bebidas azucaradas lanzaron una serie de advertencias, como las que anticipaban una reducción de empleos o la desinversión, que fueron consideradas extorsivas por expertos en temas de salud.

La medida fiscal impulsada desde el Ejecutivo está contemplada entre las recomendaciones del Plan de Acción para la Prevención y el Control de las Enfermedades no Transmisibles en las Américas, elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para implementar en un plazo de seis años y con metas a 2025.

Las enfermedades no transmisibles, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, algunas patologías cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, son hoy las principales responsables de las muertes tempranas o de la discapacidad en el mundo. Los factores de riesgo o las condiciones que las predisponen son el tabaquismo, el consumo de alcohol, la ingesta excesiva de calorías y el sedentarismo.

Las bebidas azucaradas están en la mira: son consideradas “golosinas líquidas” con “calorías vacías”, es decir, sin un aporte nutricional relevante. Además, su ingesta pasó de eventual –como en otras décadas– a cada vez más frecuente. El alcohol, por su parte, es calificado como una “droga legal”, responsable no sólo de distintas formas de deterioro físico por consumo no controlado, sino también de accidentes y de violencia, tanto urbana como doméstica.

“Está demostrado que el aumento de impuestos es una estrategia costo-efectiva para desalentar ciertos comportamientos”, le explicó a La Voz Sebastián Laspiur, consultor nacional de enfermedades no transmisibles de la OPS/OMS y exdirector de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación durante el gobierno de Cristina Kirchner.

El proyecto original, anunciado el 31 de octubre por el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, establecía que las alícuotas correspondientes al vino y a la sidra pasarían del 0 por ciento al 10 por ciento; la de la cerveza, del 0 al 17 por ciento, y las espirituosas (whisky, fernet y destilados), del 20 por ciento al 29 por ciento, en forma gradual. Y la alícuota de las bebidas azucaradas se incrementaría del 8 al 17 por ciento.

El fuerte rechazo de empresas vitivinícolas y de provincias productoras de insumos hizo que la medida se retrotrajera para esos segmentos; lo mismo sucedió con las cervezas.

Antecedentes

México, que junto con Argentina es uno de los principales consumidores de bebidas azucaradas de la región, fue pionero en enero de 2014 en la aplicación de un impuesto del 10 por ciento para ese segmento de productos. Para analizar la efectividad de la medida, se estudió el comportamiento de consumidores en una muestra de 6.645 hogares y se comparó su demanda con la que –se estimó– se hubiera registrado de no haberse aplicado el gravamen. La conclusión fue que el consumo cayó un 5,5 por ciento en el primer año y un 9,7 por ciento en 2015.

En diálogo con este medio, Esteban Agost Carreño, vocero de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol, cuestionó que ese resultado pudiera considerarse un éxito. “Bajó el consumo porque aumentó artificialmente el precio, pero las curvas de obesidad van en ascenso”, argumentó.

Contra ese punto, Laspiur destacó: “La obesidad tiene una curva de ascenso y la medida buscó desacelerar esa curva de ascenso, y eso sí se logró pese al boicot de las empresas”. “La relación entre consumo de bebidas azucaradas y la obesidad es muy clara, sobre todo en los niños”, añadió.

Matices

Aunque defienden que se mantengan los aumentos en los que el Gobierno no dio marcha atrás, desde la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina introdujeron un matiz: lo diseñado no cumple con los estándares sugeridos desde la perspectiva sanitaria.

“Dudamos del objetivo de salud pública cuando el ministro Dujovne hizo el anuncio”, señaló a La Voz Belén Ríos, codirectora Ejecutiva de FIC Argentina. “Y lo que sucedió con las bebidas con alcohol nos hizo dudar por completo”, continuó. Ríos afirmó que actualmente las gaseosas pagan un 8 por ciento, sin distinciones entre las que tienen o no azúcar, mientras que, con la alícuota propuesta, las azucaradas tendrían el aumento, pero las no azucaradas (como las light o las “zero”, que no tienen calorías pero sí, por ejemplo, sodio, relacionado con la hipertensión) pasarían a tener el 0 por ciento. “Así, se las posiciona como la alternativa saludable, cuando no lo son. La única opción que debería promoverse es el agua”, manifestó. Agost Carreño apuntó que actualmente el agua está gravada con el 4 por ciento, cuando –si se quisiera alentar su consumo– no tendría que ser gravada. Laspiur, por su parte, recalcó que ese 4 por ciento también alcanza a las saborizadas, incluyendo las azucaradas, cuando tampoco son la variante más saludable.

Ríos destacó que, tanto la reducción de la alícuota para los cigarrillos como la marcha atrás en la de algunas bebidas con alcohol es una consecuencia de la presión de las industrias. “Estamos frente a lobbies feroces, con herramientas de presión”, advirtió.

Las herramientas a las que hace referencia Ríos son los anuncios de las firmas de suspender inversiones, el pronóstico de crisis de las economías regionales y la posibilidad de despidos. Al respecto, tanto Laspiur como Guillermo Paraje, economista cordobés, consultor de la OMS, descartan esa posibilidad. “En México, las empresas dijeron lo mismo y no hubo pérdida de ningún puesto de trabajo”, dijo Laspiur. “La industria de las bebidas gaseosas es una de las más automatizadas en el mundo”, agregó Paraje.

“Las gaseosas son un bien elástico: si su precio aumenta un 10 por ciento, la demanda cae en mayor proporción. Pero si una persona no gasta el dinero en gaseosa, lo gastará en otra cosa, posiblemente en algo más saludable”, completó el economista.

Sobre ese punto, Agost Carreño había señalado, en cambio, que la demanda tiende a desviarse hacia otros productos, que tampoco son considerados saludables, pero que no están gravados, por ejemplo, hacia los conocidos como “comida chatarra”.

En el alcohol, el precio incide en la demanda

Según la investigación “Economía de bebidas alcohólicas en Argentina”, realizada en 2015 por la economista Marilina Urrutia para la tesis de la Maestría en Economía Aplicada de la Universidad Torcuato Di Tella, la elasticidad de largo plazo del consumo de vino genérico con respecto a su precio real es – 0,309. Es decir: un aumento del 10% en el precio real de venta del vino genérico reduce su consumo en el largo plazo un 3,09%.

La elasticidad de largo plazo del consumo de vino con respecto al precio real de venta de la cerveza es 0,145, es decir que, cuando el precio real de la cerveza aumenta un 10%, el consumo de vino se eleva un 1,45% .

Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior