La suba de servicios se lleva hasta 19% de los ingresos
Los recientes aumentos en los servicios públicos vuelven a golpear a la clase media y recortarán, según cálculos privados, entre un cinco y un 19 por ciento los ingresos de los hogares. Los ajustes en la luz, del gas y de la nafta (que se suman a los ya hechos en transporte, en peaje y en agua) requerirán de 1.500 hasta seis mil pesos extras mensuales, especialmente en los meses de frío.
En la clase media típica, con ingresos de 32 mil pesos mensuales, el impacto es del 10 al 19 por ciento, y en la clase media alta, con ingresos de 63 mil pesos, del cinco al 10.
Eso tendrá un impacto doble. El más visible será la caída del consumo de productos masivos, con el riesgo de abortar el tenue repunte que se ha vislumbrado en los últimos meses.
El segundo efecto es más cualitativo porque hace mella en las expectativas económicas: crece el número de los desesperanzados, de los que creen que este gobierno no tiene capacidad para controlar la inflación. Según la consultora Isonomía, el 50 por ciento de la población piensa que “el Gobierno no está en capacidad de controlar la inflación”, aunque todavía hay un 38 por ciento que mantiene su confianza en que ese “logro se alcance en el futuro”.
Hay varias razones de semejante desesperanza. Una es que esta de 2018 es la tercera ronda de subas en la era Macri, quien trazó un sendero de quita de subsidios de cuatro años. Estamos en el tercero, el más duro en términos de ajuste, ya que los aumentos se acumulan sobre los anteriores. No es fácil digerir subas consecutivas luego de tener tarifas casi congeladas entre 2001 y 2015.
Otra es que se han concentrado entre diciembre y abril, justo cuando los salarios están en su momento de mayor depresión, porque recién arrancan en abril-mayo con la primera cuota de ajuste, que, encima, este año será más que modesto: 15 por ciento para la mayoría, con una revisión después de septiembre.
Todo ese panorama está teñido de una realidad: la inflación no cede y las recetas que ha venido probando el Gobierno no están funcionando: sube la tasa de interés de referencia, la baja y ahora, por ejemplo, avisó que la volverá a subir en mayo. Ancló el dólar el año pasado y la inflación fue del 24,8 por ciento, lo dejó correr un poco y pegó de lleno en los precios en este primer trimestre del año.
“Es inevitable que la recomposición de precios mantenga cautelosas a las familias a la hora de gastar, lo que afecta la demanda de bienes y servicios más prescindibles”, considera Jorge Vasconcelos, investigador jefe del Ieral de Fundación Mediterránea.
“El efecto del ajuste llega a ser un golpe social importante cuando sumás todo: gas, luz, agua, peajes y nafta, que este año se liberaron”, considera Damián Di Pace, titular de la consultora Focus Market.
Así, todo es más caro respecto de pocos meses atrás. “La urgencia política deriva en que los aumentos se hayan tenido que hacer de modo abrupto, una parte fue en octubre-diciembre del año pasado y otra, en febrero-abril de este año. Como si tuvieran que aprovechar que este año no hay elecciones. El año que viene van a controlar todo; no habrá aumentos durante la campaña”, agrega.
Uno por uno
La suba más notable se da en la energía. Para Córdoba, es más gravoso todavía porque se le agregan los altos costos de la distribuidora estatal. De este modo, un cliente residencial de Epec pagó 1,315 pesos el kilovatio en el escalón uno (sin impuestos) y, en marzo pasado, abonó 2,477, es decir, 88,4 por ciento más en apenas un año.
Esto se explica por las subas de la energía mayorista a nivel nacional, los cargos propios que agregan Epec y las cooperativas más la carga tributaria, que aumenta al mismo ritmo que la suba pura de la energía.
En 2016, el precio de generación por megavatio estaba en 1.100 pesos, aunque los usuarios pagaban 76,75 pesos. En febrero de ese año, el ajuste fue del 733 por ciento y el usuario empezó a pagar 640 pesos. No obstante, la parte asumida por el Estado quedó en el 70 por ciento.
En 2017, generar un mega subió a 1.250 pesos y el usuario pasó a pagar 880 pesos, con lo que el subsidio se redujo al 49 por ciento. Este año, generarlo cuesta 1.440 pesos y el usuario paga 1.080. Ese 30 por ciento restante (que en la boleta tiene un impacto final del 18 por ciento) todavía será cubierto por el Estado hasta 2019.
La gran diferencia es que el usuario ya está pagando los precios de 2018 y, según leen en el Gobierno, asimiló la suba.
Inflamable
El problema está en el gas, porque se anunciaron dos aumentos al hilo (diciembre y abril), lo que implica que el gas para este invierno sea entre 60 y 99 por ciento más caro que en el invierno de 2017.
Este servicio tiene un agravante: si se consume más y se “sube” de categoría, el ciento por ciento del gas consumido es más caro. En la luz, el precio va subiendo de a tramos: el primer tramo es más barato que el último.
Además, como es lógico, el gas es de alto consumo estacional: el 65 por ciento de lo que gasta un hogar promedio se concentra en los meses de junio, julio y agosto, cuando el gasto se triplica respecto de un mes de verano.
Así, una familia que gastó 500 pesos de gas en febrero podría tener que afrontar 4.200 en julio, fruto de mayor consumo, mayor precio y categoría más alta. Esa combinación llevó a que los socios de la alianza Cambiemos obligaran al presidente Mauricio Macri a patear los aumentos del invierno a los tres bimestres de calor a cambio de conservar los precios anunciados.
Igual, en algún momento habrá que pagarlos, porque la tarifa se mantuvo. Sólo de referencia: el m3 de gas en la época del kirchnerismo costaba 86 centavos (sin impuestos) para la categoría R3-1, que consume de 1.001 a 1.250 m3 anuales. En 2016 pasó a 3,11 pesos, en 2017, a 3,84, y este invierno, a 6,64. Y todavía tiene un 18 por ciento de subsidio, aunque ya se reconoció todo el aumento a las distribuidoras. Claro que para tener el gas a 86 centavos hubo que destinar 24 mil millones de dólares entre 2002 y 2015 para importar de afuera lo que se dejó de producir internamente.
Hay que sumar además otro impacto gravoso para los sectores medios, esquivos al uso del transporte público: el combustible, que en 2018 acumula una suba del 13,5 por ciento. Ahora con precios liberados, es empujado por la suba del barril de petróleo, por la devaluación del peso y por las fluctuaciones en el componente bioetanol.
Todos estos aumentos se suman a otros que también fueron recientes y que contribuyen a la depreciación del salario: en noviembre, el boleto urbano en la Capital subió 22,5 por ciento: de 12,55 a 15,38 pesos, y probablemente tenga ajustes antes de noviembre próximo.
El transporte interurbano subió 14,62 por ciento a fines de marzo y en mayo tiene programado otro 10 por ciento de ajuste. Y los peajes de la Red de Accesos a Córdoba en enero también subieron 20 por ciento, y un 33 por ciento en el caso de la ruta 36.
Todas las subas superan con creces la meta de inflación oficial del 15 por ciento y hasta la del 20, que es la que proyecta el mercado para este año que será difícil de afrontar para la clase media.
Ningún incentivo para ahorrar gas
Ya no hay tarifa diferencial para quienes gastan menos.
Técnicos del Ministerio de Energía y de las propias distribuidoras consideran que la ausencia de incentivos al ahorro de gas es un problema energético grave en Argentina.
Este año se eliminaron las tarifas diferenciales basadas en la conducta: la tarifa especial para los usuarios que consumían 20 por ciento menos que el año anterior. “Es real que se derrocha, pero si ni siquiera cuando teníamos el incentivo de tarifa se logró avanzar algo en ese frente, ahora que no está ese incentivo al ahorro, menos se va a reducir el consumo”, considera Damián Di Pace, de la consultora Focus Market.
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior