Las tarifas, muy lejos de un equilibrio federal

Algunas cosas cambiaron en el mapa de los servicios públicos que consumen los argentinos desde la llegada de Mauricio Macri, pero el sistema sigue siendo profundamente antifederal y, por lo tanto, demasiado injusto. ¿Por qué?

Porque las tarifas sociales que benefician la población más vulnerable se pagan, para los usuarios del área metropolitana de Buenos Aires, con el presupuesto nacional; es decir, con los impuestos que pagan todos los argentinos que también pagan las tarifas sociales que asumen sus gobiernos provinciales para los usuarios de esas provincias. Pagan doble.

Sigue siendo injusto porque si bien Cambiemos descongeló los irrisorios precios que los porteños pagaban por la luz, por el colectivo y por el agua, la actualización no alcanza a empardar el aumento que en el interior del país se registra desde hace más de 10 años.

Y es antifederal porque, en algunos servicios, el Estado nacional asume los servicios de mejora de infraestructura para Buenos Aires en detrimento del interior.

Trenes. El caso más ilustrativo es el de Trenes Argentinos: el presupuesto operativo para 2017 fue de 26 mil millones de pesos, todos consumidos en la provincia de Buenos Aires. Además, ejecuta un plan de inversiones por 14.123 millones de dólares (con crédito del BID, del Bndes y de la Nación), que incluyen el soterramiento del Sarmiento, electrificación de ramales y mejoras de estaciones y de trenes. En Argentina se mueven por tren 400 millones de pasajeros: 398 millones están en Buenos Aires. El resto, casi nada, por la sencilla razón de que no hay trenes. Cambiemos priorizó la recuperación de un sistema metropolitano abandonado, pero el interior no aparece en esa hoja de trabajo ni siquiera con una partida simbólica. El pasaje todavía tiene un subsidio del 90 por ciento, que financian todos los argentinos.

Electricidad. La única corrección federal que aplicó en serio Cambiemos está en la energía mayorista: desde febrero de 2016, el costo del megavatio es el mismo para todo el país y, desde entonces, se inició un proceso de quita de subsidios que afecta a todos los usuarios. Después, cada distribuidora le aplica sus propios costos.

La tarifa social abarata la energía mayorista para todo el país, pero, como Edenor y Edesur están en la órbita del Estado nacional, las rebajas en el tramo de distribución son asumidas por la Nación y no por la provincia de Buenos Aires, que es donde viven esos usuarios. Tampoco está claro si parte de las inversiones que están encarando esas empresas se hace con plata de la tarifa: la duda es que la Nación sigue aportando. Ergo, todos.

Colectivos. El caso más escandaloso es el del boleto urbano: los subsidios de la Nación (vía gasoil barato y sueldos) cubren en la ciudad de Córdoba 25 por ciento del boleto que paga el usuario. En Buenos Aires, es el 70 por ciento.

Para los interurbanos, hay subsidios específicos para los colectivos que recorren hasta 60 kilómetros: son todos los del área metropolitana bonaerense.

Con un agravante: el ministro de transporte, Guillermo Dietrich, decidió en 2017 no aplicar la suba del 33 por ciento que estaba prevista. O sea que el boleto vale allí seis pesos desde abril de 2016, con lo que el Estado nacional (o sea, todos los argentinos) asume el aumento que no se trasladó más a la tarifa subsidiada para una larga lista de beneficiarios que pagan 2,70 pesos.

Agua. En el servicio de agua existía una distorsión casi obscena por tres razones: la tarifa estuvo congelada desde 2006 hasta 2016, cuando Cambiemos la subió de un promedio de 30 pesos a 300, cifra similar a la que se paga en el interior del país. Esa es una corrección importante, pero siguen otras dos distorsiones: la tarifa social sigue siendo pagada por la Nación (los beneficiarios pasaron de 19 mil a 300 mil) y el déficit que todavía tiene Aysa es cubierto con el presupuesto nacional. Las inversiones también.

Y si bien es cierto que en el interior la Nación ha encarado la construcción de cloacas, como es el caso de Córdoba, en la zona de concesión de Aysa se ejecutaron 360 obras por 31 mil millones entre 2016 y 2017.

Gas. En el gas las cosas no cambiaron: con el kirchnerismo estuvo el precio congelado para todo el país y las fuertes subas que dispuso Cambiemos afectan a todos por igual. La inequidad, muy compleja de ser corregida, está en los que no tienen gas, que pagan hasta tres veces más, además del menor confort y seguridad que significa la garrafa. La población que no tiene gas es del 49,3 por ciento en la provincia de Córdoba, del 35 por ciento en Buenos Aires y del ocho por ciento en Capital Federal. El Plan Hogar, que subsidia la garrafa, va directo al usuario.

Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior