Límite a las reelecciones: las provincias que no se sumen al cambio quedarán más expuestas

El pasado 17 de agosto, el Senado bonaerense aprobó una ley que pone fin a la reelección indefinida de intendentes, legisladores, concejales y hasta consejeros escolares. Promovida por el Frente Renovador de Sergio Massa, la norma fue apoyada también por todos los partidos de la alianza Cambiemos. Sólo el kirchnerismo votó en contra.

En un país cuya clase política se comporta, en palabras del sociólogo Carlos De Angelis, como «una corporación de representantes, más allá de sus partidos políticos», este hecho marca una ruptura que quizás no ha tenido la repercusión pública que merece.

Uno de sus efectos es subrayar aún más el anacronismo de ciertas provincias que aún mantienen la reelección indefinida. Y de algunas aspiraciones presidenciales, truncadas por la realidad.

A la vez, como sucedió en 2006 con la derrota del gobernador Carlos Rovira en las elecciones constituyentes para una reforma que habilitaría la reelección ilimitada en Misiones, la iniciativa bonaerense puede contribuir a frustrar o dificultar otros sueños de eternización en el poder. Por caso, en la provincia de Santa Fe, el oficialismo está impulsando una reforma constitucional, en medio de rumores de que uno de sus objetivos es permitir la reelección del gobernador en una de las dos provincias que aún no la admiten.

«Cuando uno analiza la historia electoral de las provincias argentinas lo que se ve es que las elecciones desde 1983 se fueron haciendo cada vez menos competitivas, los oficialismos tuvieron cada vez más probabilidades de ganar y esa probabilidad fue todavía mayor cuando el candidato era el propio gobernador», dijo a Infobae María Page, coordinadora del programa de Instituciones Políticas de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).

Lo llamativo es que, en 1983, al restaurarse la democracia, ninguna provincia admitía la reelección del gobernador. Desde entonces, y con la sola excepción de Mendoza y Santa Fe, todos los distritos habilitaron –mediante reformas constitucionales- una reelección consecutiva. Cinco provincias –Catamarca, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Formosa– fueron más allá, permitiendo la reelección indefinida de una misma persona. Pero con posterioridad, La Rioja y San Luis dieron marcha atrás y limitaron a sólo dos períodos. Es decir que actualmente, únicamente tres provincias permiten la reelección eterna: Santa Cruz, Formosa y Catamarca, mientras que San Juan y Salta tienen la peculiaridad de permitir hasta tres períodos consecutivos. El detalle del sistema electoral de cada provincia puede consultarse en esta página del Cippec.

En opinión del politólogo Leandro Querido, titular de Transparencia Electoral, estos sistemas llevan a una situación en que los representantes no son elegidos sino que «se hacen elegir» por los representados. «Cuando esto ocurre, los sistemas electorales son trampas para la ciudadanía, y de este modo se distorsiona la idea misma de soberanía popular», señala.

«En Santiago del Estero –ejemplifica- el zamorismo gana en todos los distritos de la provincia con más del 90 por ciento de los votos. En democracia no se gana con esos porcentajes propios de Cuba o Corea del Norte. En Formosa, la reelección indefinida configura una suerte de sultanato en donde solo una persona puede ejercer el máximo cargo ejecutivo. En La Rioja y Tucumán, con las colectoras y los acoples, todos se convierten en candidatos del que conduce el Estado provincial, transformando el proceso electoral en una feria de intercambios clientelares».

«Santa Cruz permanece al margen de lo que establece la propia Constitución Nacional dado que la gobernación allí la gana quien no obtiene la mayoría de los votos», agrega Querido, aludiendo a la ley de lemas. En la cuna del kirchnerismo, el sistema electoral es la máxima expresión de esta tendencia de los referentes políticos a la eternización en el poder. Desde la reforma constitucional de 1998, impulsada por el entonces gobernador Néstor Kirchner, no sólo se permite la reelección ilimitada del gobernador sino que, con la finalidad de dejar fuera de juego a la oposición, se fijó una representación de un diputado por distrito, independientemente de la población. «Con esa sobre-representación de distritos pequeños, el oficialismo llegó a tener más del 80 por ciento de las bancas, sin alcanzar ni remotamente ese porcentaje de votos», explica Leandro Querido.

«El límite de tiempo en la democracia presidencialista es una forma de limitar el poder –dice María Page. Está la ley, que quien gobierna debe acatar como todos los demás, está la división de poderes y están los límites de tiempo. Son todos dispositivos para limitar a quienes gobiernan y evitar abusos».

El falseamiento de una de esas salvaguardas –el límite temporal- no deja de tener consecuencias. «Cuando no hay competencia y no hay alternancia –dice Page- no es que el conflicto político desaparece, sino que se canaliza por otras vías menos saludables que la contienda electoral. Se transforma generalmente en faccionalismo».

Por eso Page destaca el hecho de que algunas provincias hayan percibido este peligro y hayan reformado sus sistemas, como fue el caso de La Rioja y San Luis. Y ahora la iniciativa bonaerense.

En opinión de esta especialista, «dos mandatos consecutivos y a casa es lo mejor». Su explicación es que «así, el presidente o gobernador tienen incentivos para cumplir las promesas de campaña en el primer período para acceder al segundo, pero al mismo tiempo la regla garantiza que a los 8 años como máximo todos los aspirantes compiten desde el llano, que es algo que empareja la cancha».

En efecto, el argumento de los promotores de la reelección indefinida de que quienes quieren desplazar a los oficialismos cuentan con comicios para ello es más que problemático. «Los candidatos que están en el gobierno siempre cuentan con una ventaja electoral que puede ser más o menos legítima –dice Page-. Porque legítimamente son más conocidos que el resto de los candidatos y pueden mostrar gestión, pero también hay intereses creados y muchas veces ilegítimamente utilizan los recursos del Estado para hacer campaña. Entonces, si el gobernador no compite, las condiciones de la competencia son más parejas. Y cuando la cancha está pareja las elecciones son más competitivas y hay más posibilidades de alternancia, algo que es crucial para la democracia representativa».

Leandro Querido considera que lo sucedido en Buenos Aires es parte de un cambio al que aspira la ciudadanía, algo que también se expresó en el «tucumanazo» que el año pasado fue indicio «contundente» de que la gente «no tolerará más fraudes».

«Los partidos políticos, sobre todo los nacionales, deben asumir este cambio de época –dice- y las provincias que no se sumen al cambio, quedarán aún más expuestas. No pueden apelar a argumentos relacionados con «defensa del federalismo» o con el respeto de las «autonomías provinciales» con el pretexto de violar los derechos políticos de los argentinos que residen en estas provincias. La democracia y las reglas de competencia electoral deben estar garantizadas en los 24 distritos del país. Un Estado provincial que no respete los derechos políticos de sus ciudadanos debería sufrir algún tipo de amonestación».

Querido también considera que «el gobierno nacional debe aprovechar el impulso que le ha dado a la reforma electoral para conformar un espacio de articulación con las provincias en donde se pueda llegar a un acuerdo sobre la implementación de buenas prácticas electorales».

Y coincide con Page en que «la mejor solución» es «una sola reelección y la imposibilidad de volver a ejercer el cargo».

Carlos De Angelis, profesor en la facultad de Ciencias Sociales de la UBA, se muestra menos optimista en cuanto a los efectos de la ley votada en Buenos Aires. Aunque cree que habrá «cierta renovación de cuadros políticos» y que el propio triunfo de Mauricio Macri «es innovador», advierte que «si la ciudadanía está ausente, no sirve una reforma». En el caso de la limitación bonaerense a los mandatos de intendentes y concejales no está seguro de que se trate de una demanda popular o sólo de un sector de la clase política que supone que esto traerá más calidad democrática.

«La nuestra es una clase política complicada, que idea trampas permanentemente: las listas colectoras, los candidaturas testimoniales. Pero –advierte- es muy difícil pedirle a la clase política que asuma valores que no están encarnados en la sociedad».

En efecto, el reeleccionismo no es un monopolio de los dirigentes políticos. Pensemos en los sindicatos, donde la eternización en el cargo es la norma. Y en casi todas las corporaciones que, en definitiva, no surgen de la nada sino que son un reflejo del país.

De Angelis es contundente: «Todos extrañan a (Julio) Grondona porque ese modelo de padrino funcionaba bien en la sociedad argentina. El líder se maneja con criterio propio y absoluto, pero mientras reparta y mantenga el orden, no hay problema».

Fuente: Infobae. http://www.infobae.com/politica/2016/09/03/limite-a-las-reelecciones-las-provincias-que-no-se-sumen-al-cambio-quedaran-mas-expuestas/