Los sueldos provinciales vuelven a aumentar en medio de la cuarentena
El Gobierno de Córdoba pagará, cuando abone el salario de julio, el segundo aumento salarial en lo que va de la cuarentena: 5% para el sector docente; 3,9% para las fuerzas de seguridad y 3,4% para el resto del escalafón general, lo que incluye al personal de salud.
Los agentes de seguridad y salud, que representan la cuarta parte del total de empleados del Gobierno provincial, percibirán el aumento junto con el sueldo de julio. El resto también lo cobrará, aunque el desembolso llegará 15 días después. Según informó la Provincia el martes de la semana pasada, se abonará en planilla complementaria durante la segunda quincena de agosto.
En un momento se barajó la posibilidad de desdoblar la suba –mitad en julio y mitad en agosto–, pero se negoció con los gremios pagar todo en julio e iniciar la mesa de discusión salarial en octubre y no en agosto, como estaba pautado. Postergar dos meses la paritaria fue ofrecido por las partes como el esfuerzo que se hace en esta cuarentena.
Según indicaron desde la Secretaría de Coordinación de la Provincia, este aumento implica un incremento del costo salarial provincial del 4,1%.
De bolsillo, para los asalariados ronda el 5%, ya que hay reducción de aportes personales a la Caja. Las autoridades, funcionarios y legisladores mantienen la reducción del 40% dispuesta en abril y no son alcanzados por el aumento.
En plata, la suba de julio representa un extra de 435 millones de pesos. Por mes, la Provincia requiere de 10.600 millones de pesos para pagar los salarios de los tres poderes del Estado (en junio, los judiciales ya habían tenido un aumento del 10%).
En junio, los judiciales cobraron 10%. En mayo ya se había pagado otro aumento que requirió de 370 millones de pesos adicionales: 3,5% para docentes, 3,2% para seguridad y 3,6% para el escalafón general.
De esta manera, los 148.400 empleados tendrán, en plena cuarentena, una suba salarial que va del 7% al 8,5%, y ningún recorte salarial con independencia de que se esté o no se esté trabajando.
En términos de esfuerzo fiscal, los dos aumentos de la cuarentena incrementaron el gasto en 800 millones de pesos mensuales.
La reducción salarial que, en abril, anunció Juan Schiaretti para los funcionarios es muy significativa en términos individuales: 45%; pero de poco impacto en términos fiscales, ya que ronda los 60 millones de pesos mensuales.
El Poder Judicial, el más relevante en monto salarial, se autoexcluyó de la reducción.
Un esfuerzo, ¿por qué no?
La pregunta es si el contexto amerita una suba de salarios, cuando el sector privado no ha recibido una sola condonación de los impuestos patrimoniales y cuando las propias finanzas provinciales están jaqueadas como consecuencia de la baja actividad económica.
Cuando todo el mundo se ajusta, la Provincia no sólo que no ajusta sino que convalida aumentos acordados. La ciudad de Buenos Aires, por caso, suspendió la suba ya acordada para julio y cuotificó el pago de aguinaldo, como muchas provincias.
Córdoba lo pagó todo junto con el sueldo y no unos días antes, como se hizo históricamente. San Juan suspendió las subas al inicio de la cuarentena. Algo similar impulsaron Santa Fe y Mendoza. Ni siquiera a quienes no están autorizados a trabajar les perdonaron impuestos.
Hace unos días, el gobernador anunció que las cuotas impagas del Inmobiliario y del que incide sobre los automotores, de los sectores no flexibilizados, podrán pagarse en marzo de 2021.
En limpio: un transportista escolar, por ejemplo, igual tendrá que pagar el Automotor. Es cierto que no tendrá multas ni recargos, pero trabajó con suerte 10 días en 2020 y los impuestos sobre su patrimonio, que es su capital de trabajo, le corren igual.
En abril, la UIA y la CGT llegaron a un acuerdo histórico para sostener los empleos: reducir el 25% el salario del personal que esté licenciado.
De este modo, el trabajador privado con sueldo recortado igual ha tenido que abonar las cuotas del Impuesto Inmobiliario, ya que Rentas no dispuso ni suspensión ni prórroga para los residenciales. Idéntica suerte corre el independiente y el informal, con caídas drásticas de ingresos.
En tanto, todos los trabajadores del Estado cobraron íntegramente su salario, con independencia de si tuvieron que salir a trabajar, lo hicieron de forma virtual desde sus hogares o no hicieron nada. En la Provincia, no hay registro de cuántos están teletrabajando. Se estima que apenas el 15% de la administración central tiene tareas remotas, con muchas variaciones según el área.
Seguridad
La disparidad incluso no es sólo entre privados y públicos. Las fuerzas de seguridad, que han tenido un rol relevante en la cuarentena, cobrarán idéntico aumento que un empleado de Vivienda, por ejemplo, que está sin actividad virtual. Sólo en abril, y por única vez, la Provincia les pagó un adicional de $ 5.000.
“No están trabajando no por decisión propia. La culpa no es de los trabajadores”, defiende el titular del Sindicato de Empleados Públicos, José Pihen.
“Es el Estado el que le tiene que dar la posibilidad, le puede proponer y hasta imponer el teletrabajo. Si no lo hace, el problema es del Estado e implica una decisión política”, refuerza el sindicalista. “A la plata la tienen, no les está yendo tan mal”, evalúa Juan Monserrat, titular de la UEPC, el gremio que agrupa a los docentes.
“Hay otra regla, que excede tu razonamiento, y es que ellos necesitan que haya guita para que se mueva la economía”, agrega.
Los 430 millones extras que la Provincia requiere para pagar los sueldos de julio se asemejan a la renuncia de cobro por potencia contratada que Epec aplicó a los grandes usuarios con caídas del 30% en sus consumos. La medida alcanza a unos 1.700 usuarios y, de abril a junio, le significó 390 millones de pesos menos a Epec.
¿Otro ejemplo? El hospital modular de 1.100 metros cuadrados que la Nación levantó al lado del San Roque costó 188 millones de pesos.
“Si en el sector público hay cuatro millones de empleados, a mí no me van a joder con que hay cuatro millones de tipos que están laburando. No es cierto. Hay provincias en las que hay más empleados públicos que privados”, cuestiona el economista Juan Carlos de Pablo, una de las tantas voces que reclamó, en los últimos cuatro meses, un esfuerzo del sector público.
“Un exgobernador me dijo que empleado público es un título de nobleza; si querés que labure, es aparte; y en Argentina tiene esa característica”, ironizó.
“Estamos en la mayor pandemia de la humanidad y los tipos cobran el 1 de mes, como si nada hubiera pasado”, cuestionó el economista Gustavo Lazzari, dueño de una Pyme de chacinados.
“Ningún empleado del sector privado cobró en tiempo y forma y sin ninguna angustia; para ellos, la plata llega; no saben cómo se produce”, agregó.
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior