Martín Llaryora: «El boleto debería tener el mismo tratamiento en todo el país»

Los intendentes de las ciudades que se quedaron sin servicio de transporte urbano reclaman a Nación que los subsidios para los pasajeros del interior se pongan a la par de los que recibe en AMBA. «Es como si dieran una AUH de $4000 a los que viven en una zona del país y una de $400 a los que viven en otra», reclaman.

La brecha en los subsidios también abrió una grieta en la UTA: como gremio nacional, no hubo unidad de respuesta, mientras algunas delegaciones acumulan 19 días de medida de fuerza, los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires siguieron trabajando. En respuesta a esta falta de unidad federal, la Agrupación «Juan Manuel Palacios» de la UTA -que conduce Miguel Bustinduy- llamó a un paro total de colectiveros el día 3 de junio por 24 horas que incluya a los trabajadores del AMBA en solidaridad con sus pares del resto del país, para hacer respetar «la manda constitucional de igual salario por igual trabajo».

En tanto, desde el Consejo Directivo Nacional de la UTA que lidera Roberto Fernández, el reclamo es otro: «Solicitamos a las Autoridades Nacionales y Provinciales que los subsidios a la actividad ($1.500 millones en Nación y $800 millones en las provincias) destinados mensualmente para sostener el transporte, sean dirigidos directamente a los 32.600 trabajadores afectados», expresó en su último comunicado.

A los intendentes, el conflicto los golpea de cerca. Pasaron prácticamente un mes sin transporte para los trabajadores esenciales y advierten que el conflicto escala con protestas masivas que enfrentan a sus municipios con la posibilidad de un rebrote. Por eso esta semana pidieron audiencia con el Ministro de Transporte de la Nación Mario Meoni y, aunque no obtuvieron respuesta al respecto, siguieron en reuniones virtuales entre ellos para coordinar un planteo homogéneo a la Nación.

En cada encuentro se van sumando más intendentes a los del núcleo del reclamo: Pablo Javkin (Rosario), Emilio Jatón (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Adán Bahl (Paraná), Bettina Romero (Salta), Gustavo Genusso (Bariloche) y «Chuli» Jorge (San Salvador de Jujuy). Incluso desde la provincia de Buenos Aires se van incorporando municipalidades de fuera del Conurbano que no pueden sostener el boleto.

De hecho, el lunes 1° de junio habrá una nueva reunión, de la que también participarán Senadores y Diputados de las provincias sin transporte público junto con empresarios de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) para elaborar un proyecto de Ley nacional que ponga fin a las asimetrías entre el subisidio que reciben los pasajeros del AMBA (donde un boleto de colectivo arranca en los $18) y los del interior (que van desde los $31 a los $38 como en el caso de Bariloche).

«El sistema estaba eclosionado desde antes de la pandemia, el coronavirus terminó de quebrarlo. La idea de tener un transporte público es que sea accesible y público, para que todo el que necesite ir a un centro de salud pueda hacerlo y para que el que no tienen trabajo y lo está buscando también pueda hacerlo. Con un boleto promedio arriba de $30 el sistema de transporte ya no cumple su función, por eso no podemos subir la tarifa, se vuelve prohibitivo, pero tampoco podemos solventar más subsidios desde las intendencias. Pedimos de Nación que haya un trato equitativo con los municipios del AMBA. No pedimos que les saquen a ellos, sino que al boleto del interior se lo trate de forma equitativa«, dijo a LPO el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora.

En otras palabras, desde un enfoque de derechos, el concepto de subsidio para garantizar el acceso se vuelve absurdo si el precio final del servicio termina siendo prohibitivo. Y la estructura impositiva tampoco ayuda a equiparar los tantos. A menor subsidio, mayor es la tarifa que pagan los usuarios y a mayor tarifa, más es el IVA -entre otros impuestos- que pagan los pasajeros del interior para que luego se coparticipen con los distritos más subsidiados.

Mientras tanto los empresarios reclaman también que se les den las compensaciones por la caída en el pasaje por la cuarentena y que se faciliten las ATP para el pago de los salarios adeudados, de los que quedaron excluidos por considerarse servicio esencial.