El municipio se adherirá al Programa Nacional PRONACOM

Para hablar al respecto, el concejal Gustavo Bocca explicó en detalle lo que prevé esta nueva ordenanza: “Lo que trata el proyecto que ayer fue aprobado en donde se autoriza a la Municipalidad de San Francisco a adherir a la Ley Nacional 26.348, que tiene que ver con automotores, motos y/o parte de rodados que fueron abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados por parte de la Dirección de Policía Municipal y que a través del programa nacional PRONACOM permitirá la descontaminación, compactación y disposición final como chatarra de los mismos. El programa establece que todos aquellos vehículos que estuvieran por un periodo superior a seis meses en un depósito municipal, y que pese a que sus dueños, estando identificados y notificados, no los hayan retirado estarían en condiciones de pasar a ser compactados como chatarra”, aseguró el edil.

Cabe destacar que el Programa PRONACOM es quien proporcionara el procedimiento, la maquinaria, la disposición final del residuo, sin generar costo alguno para la Municipalidad de San Francisco, y a su vez establece como condición que lo obtenido por venta de la chatarra compactada, un porcentual será destinado a una entidad sin fines de lucro que el municipio designe.

Asimismo, Bocca explicó que “la finalidad de adhesión a este programa es proceder a la descontaminación, cuidado del medio ambiente y de nuestra salud, porque toda la acumulación de estos vehículos que se encuentran en el depósito municipal, los cuales además de ocupar mucho lugar contaminan, produciendo un enorme gasto para la municipalidad en cuidado, custodia, seguridad, limpieza y fumigación lo que provoca una gran erogación”.

Cabe destacar que de los vehículos que se encuentran alojados en el depósito municipal y que estos momentos cuentan con las condiciones para ser puestos a disposición del PRONACOM, son alrededor de 600 motos y 50 automóviles los cuales fueron secuestrados, retenidos o abandonados en la vía pública en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, cuyas instancias administrativas ya han sido llevadas a cabo y hasta el momentos no fueron reclamados por sus propietarios.