Nuevo control a grandes empresas tensó la relación con el Gobierno
Con muy pocos referentes empresariales interesados en opinar públicamente sobre la situación, el Gobierno nacional avanzó ayer con un nuevo esquema de fiscalización que controlará el precio de compra de insumos, el valor de venta y el stock de productos de mil grandes compañías, en particular, las del sector alimentario.
La decisión tomó por sorpresa y generó malestar en las empresas alcanzadas, algunas de las cuales venían participando en mesas de concertación convocadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo, para debatir el alineamiento de precios y salarios que impulsa la Casa Rosada a partir de una sugerencia de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Javier Madanes Quintanilla, presidente de Aluar y Fate, admitió esta sorpresa al señalar que una docena de empresas productoras de acero, aluminio y cemento habían participado el martes de ese diálogo sin que se les anticipara lo que iba a ocurrir apenas un par de horas después.
Sobre la medianoche, el Boletín Oficial de la Nación publicó la resolución 237/2021 por la cual se creó el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre). Este movimiento se produce justo cuando se conoce que la inflación mayorista se aceleró al 6,1% en febrero, la cifra más alta en 18 meses.
El Sipre obliga a que mil grandes empresas (en una primera etapa se estima que serán 500) le informen a la Secretaría de Comercio Interior sus precios de comercialización y las cantidades de productos vendidos una vez por mes, para controlar de ese modo el abastecimiento y evitar así “remarcaciones especulativas”.
Según la Secretaría Pyme (Sepyme) son consideradas grandes aquellas empresas que facturan más de $ 965.460.000 en el sector de la construcción; $ 2.602.540.000 en el comercio; y $ 2.540.380.000 las que se dedican a la industria.
Impacto
La disposición caló hondo en el ambiente empresario, aunque ninguno de los grandes “popes” de estos rubros emitió opinión pública. Salvo Madanes Quintanilla, cuyas empresas concentran, entre otras cosas, la principal provisión de aluminio y neumáticos en el mercado interno.
“La Secretaría (de Comercio Interior) ha recibido desde siempre toda información de precios y costos. Vamos a ver ahora si esto se hace con otro modelo de análisis o con otros funcionarios o si sigue siendo la Secretaría la que hace el monitoreo o lo amplía”, refirió el empresario el declaraciones periodísticas.
El dueño de Aluar consideró que es necesario tener en cuenta que “efectivamente se han efectuado distorsiones mayores a las esperadas en los últimos meses, pero la época no ayuda”, evaluó en alusión a las restricciones impuestas en la economía mundial por la pandemia.
El presidente de la Copal, Daniel Funes de Rioja, por su lado, consideró que el Sipre implicará una “nueva carga burocrática” para las empresas y puso en duda su eficacia. “En la industria de alimentos y bebidas estamos con Precios Máximos desde marzo pasado (2020), y los que no son Precios Máximos son Precios Cuidados, donde también hay un sistema de información”, recordó.
Y señaló también que la pandemia impuso un “encarecimiento de costos, como fletes internacionales, que impacta más en la Argentina por la simple razón de que otros países no tienen nuestra distorsión inflacionaria”, agregó.
“Si lo que se pretende con toda esta información es que no haya inflación, que ataquen los problemas macroeconómicos porque es un tema multicausal”, opinó. De paso, calificó de “impracticable” la puesta en marcha del Sipre.
Funes de Rioja, sin embargo, no es propietario de las grandes alimentarias sobre las cuales posa su atención el Gobierno, sino un dirigente sectorial que las representa. En la Casa Rosada suelen repetir que la opinión que vale “es la de los dueños de las empresas”, comentó a La Voz una fuente con llegada a la jefatura de Gabinete de ministros.
En el sector empresario también se hace notar que mientras el cristinismo duro intenta imponer mano de hierro a las empresas, YPF cuenta con vía libre para aumentar los precios en el surtidor, hecho que repercute en el resto del mercado e “impacta de lleno en los costos, sobre todo los logísticos”, remarcan.
Trabas a importaciones generan sobrecostos
El monto autorizado no alcanza a cubrir las necesidades del autopartismo, indica encuesta.
La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac) reveló que el 69% de las autopartistas aseguran que los insumos que les autorizaron a importar no alcanzan para cubrir la demanda de la producción. El 84% de los asociados, en tanto, puntualiza que esto les genera sobrecostos y pérdida de productividad. Cuando se les preguntó a las empresas: el monto autorizado para 2021 ¿le genera alguna dificultad o incapacidad para proveer a sus clientes ocasionando faltantes en la cadena productiva?, el 46% mencionó una dificultad alta, el 33% leve y el 21% ninguna dificultad.
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior