Piden investigar a dos jefes policiales de la Departamental San Justo por coimas y omisión de los deberes de funcionario público

La denuncia fue presentada ante el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario por la titular de la Asociación Civil de Derechos Humanos y Violencia de Género, Adriana Rearte. El planteo solicita, además, la remisión de la instrucción administrativa a la fiscalía judicial de turno.

Cabe acotar que el Tribunal de Conducta es un órgano administrativo, interno de la Policía. Mientras que la investigación que se solicita incluye posible figuras penales, propias de la Justicia.

El pedido de investigación contra Rantica apunta a la supuesta infracción al decreto reglamentario 1753/03 (t.o.229/04) en el Artículo 15:

-Inciso 1º: La parcialidad, el ejercicio abusivo de las atribuciones del cargo o el uso de atribuciones indebidas;

-4º: El pedido o aceptación de propinas o dádivas por servicios prestados en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de ellos;

-6º: Afirmar una falsedad, negar o callar la verdad en todo o en parte respecto de declaraciones, informes, traducciones o interpretaciones que se formulen como testigos, peritos o intérpretes en actuaciones administrativas o judiciales;

-9º: La inexactitud en los informes transmitidos a sus superiores, que los indujere a error;

-27º: Todo acto que comprometa el decoro del empleo y toda contravención a las órdenes policiales vigentes, siempre que de ello resulte perjuicio para los intereses públicos o privados, dañe o afecte el prestigio de la Policía;

-28º: Formular, a sabiendas, denuncias o aseveraciones falsas ante autoridades, medios de prensa o personas particulares, o llevar a cabo hechos de cualquier naturaleza, con el propósito, de perjudicar de cualquier modo a la Institución, a cualquier otra autoridad de la Provincia o de la Nación o a particulares.

Según explicita la ONG denunciante, los hechos se iniciaron cuando “habrían llevado al taller del CAP San Justo, sito en calle San Lorenzo Nº 199 de la ciudad de San Francisco, 12 amortiguadores entregados en carácter de “donación” o “a título de colaboración” por la multinacional alemana ZF SACHS, quienes fabrican en el país y otros lugares del mundo este tipo de partes automotrices”.

Dice el escrito que “el jefe de taller, Sub Oficial Mayor Guillermo Robledo, (…) advirtió que se trataba de una irregularidad manifiesta, dado que en toda la flota automotor de la ciudad no existen vehículos policiales que sean marca Ford y específicamente modelo Focus, por lo que no cabía duda que se trataba de un ilícito”.

Por ese motivo, intentó “hablar con el jefe de la URD San Justo, el comisario Mauricio Rantica, quien se encontraba con el Comisario Inspector Víctor Quevedo, por entonces Jefe de Zona Nº 1, con asiento en la ciudad de San Francisco”.

Sin embargo, relata el texto que Rantica deslindó la responsabilidad en Quevedo y se fue a correr. “Tras las averiguaciones practicadas, se dan con que el pedido habría sido realizado “de palabra” por el Comisario Ariel Figueroa, jefe de la sección Personal de la URD San Justo y mano derecha del Comisario Inspector Rubén Caporali (actualmente destinado en la URD Punilla) y del mismo Jefe Departamental”.

Tanto Figueroa como Caporali fueron denunciados, además, por una sargento de policía por hostigamiento laboral y violencia de género por su condición de obesa y mujer.

Explica la denuncia que Quevedo y Robledo determinan además que Figueroa tiene “un automóvil particular marca Ford, modelo Focus, lo cual ya a esta altura no es un acto librado al azar ni casualidad, es causalidad”.

Agrega Rearte, que “ante ello, Quevedo intenta llamar a Rantica, siendo atendido por éste quien le respondió que ya veía que iba a hacer, que ahora estaba corriendo y cortó, sin más”. Finalmente, Quevedo intentaría comunicarse con su jefe en dieciséis oportunidades, sin obtener respuesta.

“Ante este acorralamiento, y tras las averiguaciones practicadas, Quevedo formula denuncia penal por la supuesta comisión de un delito en la Unidad Judicial San Francisco, para que intervenga la justicia penal ordinaria, hecho que habría quedado radicado ante la Fiscalía del 4to Turno de la ciudad de San Francisco”.

Frente al escándalo que se suscitó, finalmente, a través de una nota, la Policía de San Francisco aparece solicitando doce amortiguadores a la fábrica ZF Sachs, seis de los cuales fueron entregados a la dependencia local de la Policía Federal, que utiliza patrulleros Ford Focus, y los otros seis, devueltos al “donante”. Y el hecho, aparentemente archivado.

De acuerdo a la denuncia, se sospecha que, en realidad, los amortiguadores no habrían sido pedidos por la Policía de San Francisco para ser donados a la Policía Federal, sino por el comisario Figueroa (algo que de comprobarse, podría configurar el delito de cohecho, conocido vulgarmente como “pedido de coima”), y que el jefe de la URD San Justo, el comisario Rantica podría ser parte del mismo hecho o habría intentado, al menos, encubrirlo, participando de la serie de irregularidades indicadas más arriba.

Concurren varios episodios llamativos que abonan la hipótesis de que existió un delito:

-La Policía de Córdoba intercede ante una fábrica multinacional para que done amortiguadores a la Policía Federal. La pregunta que se hace todo el mundo, es: ¿Por qué no hizo el pedido de manera directa la Policía Federal? Parece un camino demasiado extenso o “enredado” para lograr ese objetivo.

-Si se pidió una colaboración de amortiguadores, como se afirma, porque se devolvieron la mitad de ellos y se entregaron sólo seis a la fuerza de seguridad nacional.

-El comisario Quevedo, que realizó la denuncia penal, fue trasladado a la comisaría de Las Varillas, fuera de San Francisco, en lo que parece una sanción o represalia por su acción.

Fuente: En Redacción. En Redacción