Prepagas descontroladas: este mes aumentan un 7,5%

A los aumentos de tarifas en servicios esenciales como el gas, la luz y el combustible, los argentinos deben sumar en mayo un nuevo incremento en las empresas de medicina prepaga de un 7,5%.

Si se toma como punto de partida la primera suba del sector durante el gobierno de Mauricio Macri en febrero del 2016 hasta diciembre de 2018, los ciudadanos deben pagar hoy más de un 100% por su cobertura de salud. Todas las subas fueron aprobadas en conjunto por la Superintendencia de Servicios de Salud y el otrora Ministerio, devenido en Secretaría de Gobierno de Salud.

Distintas entidades denuncian desde hace varios años el incumplimiento por parte de las empresas de la ley 26.682 de Regulación de las Entidades de Medicina Prepaga, sancionada por el Congreso de la Nación el 4 de mayo de 2011 y reglamentada por el decreto 1993 el 30 de noviembre del mismo año.

Una de las voces más fuertes es la de Fundación Soberanía Sanitaria (FSS), que a través de distintos informes que pueden consultarse en su página web reflejan los pormenores del sistema sanitario argentino. La institución que preside el ex viceministro de Salud Nicolás Kreplak viene denunciando desde hace años que las prepagas incumplen la ley con la complicidad del poder estatal. Un ejemplo: el artículo 17 de la Ley 26.682 prohíbe aumentar las cuotas de los afiliados por franja etaria, a menos que sean mayores de 65 años y tengan una antigüedad menor a 10 años.

Cualquier ciudadano argentino que haya consultado alguna vez por un servicio de medicina privada puede dar fe de los sucesivos planes ofrecidos que tienen como parámetro justamente la edad del potencial cliente. Sin embargo, esa situación fue saldada por el gobierno nacional con el decreto 66/2019 publicado en el Boletín Oficial el 22 de enero de este año que modificó aspectos sustanciales de la normativa: ahora sí las empresas pueden incrementar sus tarifas acorde la edad del afiliado o afiliada, entre otras medidas que afectan directamente el espíritu de la ley que tenía como finalidad controlar un sector primordial dentro del sistema de salud. Más allá de distintas violaciones de las prepagas a sus obligaciones y del Estado como ente regulador, hoy el ojo está puesto en los sucesivos aumentos aprobados para el sector que, aseguran desde las entidades consultadas, no se justifican de ninguna manera con el aumento en los gastos que pueden haber tenido las empresas privadas de salud.

Desde la Asociación de Usuarios y Consumidores Unidos Córdoba (UCU) son categóricos: “¿De quién es la responsabilidad por los distintos aumentos desmedidos de las prepagas? De la Superintendencia de Servicios de Salud que no cumple su rol de contralor. Los funcionarios que trabajan allí cobran un sueldo público y su función es controlar que todos los aumentos cumplan con la normativa y no sean exagerados. Si la Superintendencia como ente público no se encarga, nadie más puede hacerlo salvo que llegue a la Justicia y ahí es donde entramos nosotros”, detalla la directora Regional de la entidad, Victoria Postiguillo.

– Como letrada especializada en defensa del consumidor, ¿qué análisis realiza del escenario de la medicina prepaga en Argentina?
– Primero, hay una diferencia normativa importante a destacar: la Ley 24240 de Defensa del Consumidor se aplica exclusivamente a las prepagas no a las obras sociales. Allí se genera una trampa porque las empresas prepagas se escudan en las normativas que rigen a las obras sociales. La verdad es que hay una intención política de nunca controlar a los grandes grupos empresariales que se dedican al derecho de la salud.

La estructura de costos

Los distintos voceros de las empresas de medicina prepaga aseguran que las variaciones del precio del dólar, los costos generales para el funcionamiento del sistema y una supuesta incorporación de tratamientos de alta complejidad en las cartillas son las causas que impactan en las tarifas. Por otra parte, aseguran que los incrementos no son suficientes ya que desde hace años estarían por detrás de lo que correspondería.

Según la Ley 26.682 cada aumento del sector debe fundarse en las variaciones de la estructura de costos y en un “razonable cálculo actuarial de riesgo” como también deben aprobarse por la Superintendencia de Servicios de Salud y la Secretaría de Gobierno de Salud. Sin embargo, un informe realizado por Soberanía Sanitaria demuestra cómo ya en el año 2017 los distintos aumentos no tuvieron correlación alguna con los costos de prestación, aumentando los ingresos de las prepagas en un 60%.

Como detalla el informe, “en promedio se estima que los gastos de administración y comercialización representan alrededor del 20% de los costos y el 80% restante corresponde al pago a los prestadores médicos”. Los gastos laborales para el sector son el 74% del total mientras que el resto lo conforman los insumos médicos, los no médicos, los servicios públicos y finalmente los costos de mantenimiento. Teniendo como referencia indicadores públicos y datos de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra ), los gastos de las prepagas aumentaron en el 2017 un 15%, mientras que hasta septiembre de ese año los aumentos acumulados eran de 23,9%.

Si tenemos en cuenta que los incrementos comenzaron en febrero del 2016 llegando ese año a un total de 43,5%, en el 2017 a 31,3% (ya que luego de septiembre se aprobarían dos incrementos más) y en el 2018 fue del 40, 83 %, la rentabilidad de las prepagas tuvo un aumento muy por encima al monto que implicarían sus gastos. Sin contar que en lo que va del 2019 aumentaron un 5% en febrero y un 7,5% en mayo.

El impacto social
A fines del año 2018, las empresas de medicina prepaga tenían en total en Argentina unos 6.200.000 afiliados, de los cuales solo 1.200.000 contratan el servicio de manera particular, los que se conocen como voluntarios. El resto deriva sus aportes de la Seguridad Social a la prepaga a través de las obras sociales. En lo que a la provincia de Córdoba respecta, el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino del Ministerio de Salud publicó en las últimas semanas que el porcentaje de personas sin obra social aumentó del 42% al 47% en relación al año 2018. La suba se debe a la pérdida de trabajo y a los incrementos que en el contexto de crisis que vive el país imposibilitan mantener lo que podría considerarse ya un bien de lujo. Esas bajas dentro del sistema privado son personas que frente a una dolencia se trasladan a las distintas instituciones públicas que muchas veces no pueden afrontar adecuadamente la demanda, más aún con el desfinanciamiento que está viviendo el sector.

Desde finales del año pasado viene advirtiéndose la situación. Cabe mencionar que en ese entonces y en diálogo con La Nueva Mañana, Sofía Ahun, secretaria gremial de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) aseguraba que el crecimiento en la atención en general en dependencias públicas “ha sido del 30%, tanto en consultorios como en guardias por urgencias y emergencias” mientras asociaba el fenómeno “al desempleo” y a la decisión de la gente de darse de baja de una prepaga por no poder costearla.

Derechos y obligaciones

Alrededor de 270 empresas de medicina prepaga conforman el mercado nacional de las cuales 8 concentran el 61% de los afiliados y el 70% de la facturación total. En ese escenario concentrado, conocer los derechos y obligaciones de las partes es vital para no ser víctima de situaciones injustas, sobre todo si la entidad reguladora brilla por su ausencia.

“Las empresas de medicina prepaga se rigen por la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 a diferencia de las obras sociales que tienen otra normativa. Por ende, los usuarios de prepagas tienen el derecho de poder presentar sus reclamos si éstas no cumplen con sus obligaciones”, dice Postiguillo.

– ¿Qué pueden hacer los usuarios para hacer valer sus derechos?
– Primero, los ciudadanos deben ser responsables y tener un cierto espíritu cívico. Si el ente de contralor, en este caso la Superintendencia de Servicios de Salud, no sancionó de ninguna manera, es inevitable un proceso judicial. Muchas veces los consumidores buscan soluciones mágicas o aceptan acuerdos desfavorables con tal de evitar asesorarse. La ley estipula un procedimiento de reclamo que puede empezar por una simple nota que puede ser escrita por el mismo afiliado y debe presentarse por duplicado a la prepaga. Vale mencionar que para que el escrito sea válido se lo deben firmar en la empresa, cargar y darle una copia. Desde allí el procedimiento va in crescendo y puede continuar con una carta documento, una denuncia en Defensa del Consumidor o en una organización de consumidores. Hay muchas etapas y espacios de reclamo. Nosotros animamos a los usuarios a realizar las denuncias, no esperar soluciones mágicas y por supuesto, exigir a los entes de contralor que cumplan su función.

Juicio colectivo contra el Hospital Privado y OSPE
La Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos Córdoba (UCU) mantiene una acción colectiva contra el Hospital Privado y la Obra Social de Petroleros (OSPE) por “el cambio masivo de condiciones de contratación”.

El conflicto comenzó en el año 2011 cuando desde el Hospital Privado trasladaron a sus afiliados a OSPE con la promesa de mantener todas las prestaciones en idénticas condiciones. Sin embargo, en el año 2017 al solicitar atención en el nosocomio varios usuarios se enteraron de que el centro médico ya no formaba parte de la cartilla de prestadores. Entre los damnificados se encontraban mayormente jubilados, personas bajo tratamientos prolongados o con enfermedades crónicas, detallan desde UCU.

Si bien en el juicio se conocerá la cifra exacta, se sabe que son aproximadamente 32.000 personas las afectadas por la medida. Sin embargo, apenas 8 continuaron con el reclamo judicial recibiendo una medida cautelar bastante beneficiosa: hasta que se dicte sentencia tienen congelada la cuota de la prepaga como también reciben atención médica en el Hospital Privado.

Fuente: La Mañana. La Mañana