Salarios: 18% de suba, el tope que puso el Gobierno
En el Centro Cívico ya existe la firme decisión de que la paritaria provincial con los gremios estatales no se apartará de la política salarial que fije la Nación para el sector público.
El Presupuesto nacional proyectó una inflación del 17 por ciento y desde la Casa Rosada se impulsa que las paritarias de los estatales estén en esa línea. Dentro de ese marco, el presupuesto provincial señala que “a diferencia de otros años, las proyecciones nacionales están basadas en la realidad del contexto macroeconómico” y prevé una pauta salarial del 18 por ciento, con una mejora del uno por ciento respecto de la inflación proyectada.
“Las paritarias hay que negociarlas con la inflación de 2017”, instó el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca.
La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cerró una paritaria con el sector público bonaerense con una suba del 18 por ciento anual, pero con una cláusula de revisión trimestral si la inflación supera en ese período el 4,5 por ciento.
La secretaria general de la Gobernación, Silvina Rivero, quien pilotea la paritaria, arrancará en los próximos días las conversaciones con los titulares de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Juan Monserrat; y del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), José Pihen.
De las negociaciones participará además el ministro de Educación, Walter Grahovac, quien mantiene también por cuerda separada un diálogo permanente con la UEPC.
En los últimos años, el porcentaje de mejora salarial fijado en el presupuesto siempre estuvo por debajo del que finalmente se acordó en la paritaria, pero fuentes oficiales señalan que en 2017 la pauta salarial no se moverá mucho más del 18 por ciento fijado.
El año pasado la Provincia otorgó un incremento del 25 por ciento para la masa salarial de todos los estatales pero, a partir de la propia distribución interna de esos recursos que proponen los gremios con el aval del Gobierno, los docentes tuvieron un aumento promedio del 33,7 por ciento y el SEP del 32 por ciento.
Más allá de lo pautado en los presupuestos nacional y provincial, para febrero también está prevista una reunión del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con los gobernadores, en la cual además de tratar la coparticipación también se acordará un criterio común para las paritarias.
Una alta fuente del Panal remarcó que los estatales “deben entender” que, con la salida de Cristina Fernández, comenzaron a cambiar las pautas de la economía nacional y se ingresó en una etapa parecida a la de la convertibilidad. “Es difícil que un dirigente sindical lo entienda y lo acepte, más cuando tiene una postura partidaria”, razonó.
También subrayó que el gobernador Juan Schiaretti tiene decidido priorizar la obra pública para devolverles a los contribuyentes cordobeses mucho de lo que aportaron con sus impuestos para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones, que fue cubierto por años con fondos de rentas generales.
Desde el Centro Cívico reconocen que la paritaria será complicada, particularmente en el sector docente, que tiene más poder de presión. De los 140 mil empleados que hay en la provincia, hay 80 mil docentes de establecimientos públicos y privados cuyos sueldos paga el Estado.
El año pasado la UEPC llevó adelante siete paros, pero, según fuentes del Ministerio de Educación, los últimos bajaron su adhesión a alrededor del 30 por ciento.
Advierten que, si hay huelgas, en todos los casos se descontará el día no trabajado y no será una cuestión negociable.
Reclamo de los gremios
Tras transitar en 2016 uno de los años más conflictivos, los estatales irán a la mesa de negociación con el planteo de que el año pasado sus salarios tuvieron una pérdida de entre seis y 10 puntos porcentuales a causa de la inflación y por no reabrirse la paritaria, como lo reclamaron desde agosto pasado.
Pero además, los estatales pedirán que la deuda salarial por bonificaciones, que debían abonarse en noviembre pasado y cuyo pago Schiaretti postergó para febrero, no sea incluida como parte de la paritaria de este año.
Se trata de los pagos por el nuevo escalafón en el SEP y por el blanqueo de material didáctico, que fueron dispuestos por sendos decretos por el exgobernador José Manuel de la Sota poco antes de finalizar su anterior período.
El Gobierno tiene decidido contabilizar esos extras como parte de la negociación salarial de este año, lo cual generará el primer punto de conflicto cuando los gremios se sienten en la mesa de discusión salarial.
Rivero ya anticipó a La Voz que las bonificaciones son “un incremento salarial tanto por el costo para la Provincia como para el bolsillo de los empleados”. Remarcó que la bonificación por reescalafonamiento del SEP tiene un costo anual de 600 millones de pesos y representa entre tres y siete puntos más de mejora salarial.
Aunque otra fuente oficial admitió que los gremios pueden haber perdido en 2016 dos o tres puntos por la inflación, subrayó que en 2015 los salarios públicos estuvieron nueve puntos por arriba del aumento de los precios.
El kirchnerista Monserrat, jefe de la UEPC, pone el grito en el cielo: “¿Por qué el resto de los actores de la economía puede aumentar los precios y nadie dice nada, y los trabajadores debemos resignar salarios?”. Para el dirigente, los docentes deben recomponer un 10 por ciento de su salario que perdieron en 2016, más lo adeudado por blanqueo de material.
Advirtió que, si las provincias unifican una postura salarial junto con la Nación, los docentes también darán una respuesta gremial conjunta. Monserrat es también secretario de la Organización de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), que preside la santafesina Sonia Alesso.
Para el jefe del SEP, el delasotista José Pihen, también los empleados públicos tuvieron una pérdida el año pasado de entre seis y 10 puntos, además de lo adeudado por el nuevo escalafón.
El impacto sobre las arcas públicas
500 millones Es el impacto en pesos que tiene sobre el gasto de la Provincia el aumento de cada punto porcentual de los sueldos de los empleados estatales que negocian en paritaria y de los pasivos. No están incluidos los organismos descentralizados ni el Poder Judicial. Un 18 por ciento equivale a 9.000 millones de pesos anuales. No se incluyen los organismos descentralizados.
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior