¿San Francisco en la ruta del dinero K?
Por Claudio Savoia para Clarín:
Fueron días intensos, pero hasta ahora ignotos. El juez Sebastián Casanello, señalado durante casi tres años por su lentitud en la gestión del expediente de «la ruta del dinero K» había empezado a moverse rápido. Pero nadie supo cómo. Hasta hoy.
El mismo lunes 28 de marzo, tras firmar la reserva del expediente bajo secreto de sumario, Casanello disparó la primera ráfaga de órdenes en busca de pruebas. Para empezar, pidió a las empresas telefónicas Telecom, Movistar y Claro «que informen en el término de 24 horas» la titularidad, domicilio de facturación, «los listados de llamadas, mensajes de texto, radios, entrantes y salientes» de diecisiete líneas de telefonía celular, correspondientes al 1 de diciembre de 2010 hasta el 30 de abril de 2013, «con identificación de celdas, antenas y sectores correspondientes a aquellas comunicaciones, con individualización de su ubicación geográfica y lugares en los que están emplazadas».
Entre los números que pidió rastrear el juez, hay seis teléfonos con base en Buenos Aires, cinco con base en Tucuman, tres de Mendoza, uno de Rosario, uno de la localidad santafesina de San Lorenzo y otro de San Francisco, Córdoba. Por supuesto, el origen de inscripción de esas líneas puede no tener nada que ver con los sitios en que se usaron esos números, o el origen de sus dueños. Por eso son claves los datos respecto a las antenas y celdas que captaron las comunicaciones de esas líneas, y el cruce de llamadas y mensajes entre todas ellas.
En el mismo oficio, el juez también pidió que, en el término de 48 horas, la AFIP actualizara la información previa suministrada al juzgado respecto a las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales entre 2009 y 2013 de Lázaro y Martín Báez, el contador Daniel Pérez Gadín y su hijo Sebastián, Fabián Rossi, Walter Zanzot (titular de Top Air, la empresa aérea del grupo Báez y a quien se ve -como a los demás citados la semana pasada- contando dólares y euros en La Rosadita), César Gustavo Fernández (titular de esa cueva financiera cuando Báez y Pérez Gadín se la compraron a Federico Elaskar), Martín Alejandro Rosta, y las firmas SGI Argentina SA (nombre legal de La Rosadita), y Organización de Asesoramiento y Consultoría Internacional, Austral Construcciones, Epsur, Gotti, Kank y Costilla, Badial, y Loscalzo y Del Curto Construcciones. Todas empresas controladas por Lázaro Báez.
Sobre el mismo lote de personas y compañías, Casanello también le pidió al organismo recaudador el detalle mensual de operaciones cambiarias, junto con el monto máximo para cambiar divisas autorizado en cada caso. Respecto a Lázaro Báez y su entorno familiar, el juzgado el pidió a la AFIP de Alberto Abad «un amplio informe donde se trace el perfil patrimonial y sus fluctuaciones a lo largo del período 2009-2013».
No es todo. El juez además pidió informes a tres organismos públicos sobre automotores, aviones y barcos registrados a nombre de todas las personas y firmas investigadas y otras cuatro firmas más del grupo Báez. Una vez más, los datos fueron pedidos con una urgencia de 24 horas.
En la febril acumulación de informes y pruebas también se reunieron datos provenientes de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), el banco Finansur, la firma Metrópolis Compañía Financiera, el Deustche Bank, la Cancillería y un escrito presentado por la diputada porteña Graciela Ocaña, cuya información el juez solicitó ampliar. Otro detalle: la división Apoyo Tecnológico de la Policía Federal visualizó y compaginó todas las imágenes de La Rosadita en que aparecían los imputados «manipulando dinero o cargando bolsos».
Con los primeros papeles en la mano, el 31 de marzo el juez Casanello decidió pedirle a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich que «tenga a bien designar una fuerza de seguridad idónea para que de manera encubierta se proceda a la localización y seguimiento de Lázaro Báez, Martín Báez, Daniel y Sebastián Pérez Gadín, Fabián Rossi, Walter Zanzot y César Gustavo Fernández, identificando los lugares frecuentados como así también los medios que utilicen para sus traslados.» «Hagase saber -ordena el juez- que en caso de observarse movimientos extraños que pudieran ocasionar un entorpecimiento de la investigación deberá practicarse urgente comunicación con el tribunal».
Primero estuvo el video explícito de La Rosadita, y después se juntaron las pruebas. Faltaba escuchar a los acusados, cuyo compromiso era tan grande que el juez consideró posible su fuga. El miércoles, bajo el frio patagónico, los espías creyeron ver esos «movimientos extraños» antes de que el avión de Lázaro Báez partiera de Río Gallegos con su dueño y su hijo a bordo. Entonces Casanello firmó la detención del empresario K. Y empezaba otro capítulo de esta historia.
La noticia generó una gran repercusión en nuestra ciudad. A través de las redes sociales, diversos sectores políticos locales se manifestaron al respecto.
Fuente: http://www.clarin.com/politica/pruebas-reunio-Casanello-escuchar-imputados_0_1555644757.html