Seis de cada 10 funcionarios provinciales, con demoras para declarar su patrimonio
Durante los primeros siete meses, la administración de Juan Schiaretti no cumplió con una obligación legal que es fundamental para la transparencia de los actos públicos: la difusión en internet de las declaraciones juradas de sus funcionarios.
Un relevamiento realizado en la red de sitios oficiales del Gobierno provincial demostró que casi el 60 por ciento de los funcionarios de jerarquía no había subido hasta el viernes su declaración jurada. Esto pese a que la ley provincial los obliga a presentar sus declaraciones a los 30 días de haber asumido en el cargo.
Cada funcionario debe entregar su declaración jurada a la Escribanía General de Gobierno y esta tiene que trasladarlas de inmediato a la Secretaría General de la Gobernación para que las publique en la web y puedan ser consultadas por cualquier ciudadano.
Este diario llamó el viernes al mediodía a la Escribanía General de Gobierno y a la oficina de Prensa gubernamental para tener explicaciones de este incumplimiento de la ley, pero ningún funcionario quiso responder la consulta. Cuatro horas después comenzaron a aparecer declaraciones en la red.
Caída la noche, desde Prensa se dijo que se estaba “refuncionalizando la web” provincial. “Puede faltar alguna declaración. Los ministros la tenían casi todos. Que algún funcionario no tenga publicada su declaración no quiere decir que no la hayan entregado”.
La mayoría no cumple
La cifra de incumplidores se elevaba al 77,5 por ciento, casi cuatro de cada cinco altos funcionarios, si se prestaba atención a los que tienen una declaración jurada en la web, pero incumplen importantes requisitos formales, como no haber puesto fecha a los formularios o presentar declaraciones que corresponden a períodos de gobierno anteriores (en el caso de quienes continúan en cargos que tenían durante la administración de José Manuel de la Sota).
En general, se trata de declaraciones juradas muy poco rigurosas, ya que la ley provincial permite que los funcionarios realicen una versión light para subir a internet (formulario B) y otra, más rigurosa (formulario A), para que permanezca en la Escribanía de Gobierno.
Esa declaración pormenorizada, que sí incluye detalles de propiedades, patentes de vehículos o nombres de los bancos en los que existen depósitos, no está disponible para ser vista por los ciudadanos y sólo puede ser requerida por una autoridad judicial o un tribunal administrativo.
Sobre 262 funcionarios jerárquicos de la administración central de gobierno (sin contar directivos de entidades autárquicas como la Empresa Provincial de Energía, Banco de Córdoba o la obra social Apross), había 155 (59,2 por ciento) que no habían publicado su declaración jurada.
Entre los 107 funcionarios que sí tenían una declaración subida a la web (40,8 por ciento), apenas 59 contaban con sus datos actualizados o al menos posteriores al 10 de diciembre del año pasado, cuando comenzó la nueva gestión de Schiaretti. Eran 30 los funcionarios que habían presentado declaraciones sin fecha y otros 18 los que habían consignado fechas desactualizadas.
Esto significa que 203 funcionarios (el 77,5 por ciento, casi ocho de cada 10) no tenían su declaración jurada hecha en forma correcta y subida a la red.
Apenas el 22,5 por ciento de ellos sí tenía su declaración jurada al día y publicada.
El lote del gobernador
La falta de rigurosidad en las declaraciones se aprecia en la que realiza el mismo gobernador, que no incluye la casa que habita en el country Altos del Chateau, en el noroeste de la ciudad de Córdoba, sino que la menciona como si fuera un lote.
Declara un valor de 225 mil dólares por el 50 por ciento de un terreno cuya propiedad comparte con su esposa y también funcionaria, la secretaria de Equidad y Promoción de Empleo, Alejandra Vigo.
El otro familiar de Schiaretti con un cargo en su gobierno –su hijo Mariano, vocal en la Agencia Córdoba Deportes– era uno de los funcionarios sin declaración jurada publicada. Apareció en la noche del viernes, alrededor de las 19.40.
La falta de cumplimiento de la ley de declaraciones juradas, uno de los puntales en la transparencia administrativa de los gobiernos, alcanza niveles increíbles en algunas reparticiones.
El Ministerio de Trabajo que dirige Omar Sereno, por ejemplo, no contaba siquiera con un funcionario jerárquico que la tuviera publicada. Luego del llamado periodístico apareció la del ministro.
A su vez, el titular del Servicio Penitenciario de la Provincia, Juan María Bouvier, tiene publicada una declaración con fecha de designación de 2008, hace ocho años, y en ella dice que el único bien que posee es un automóvil Audi. Nada más.
Valores de fantasía
La imprecisión y falta de detalle de las declaraciones permite también que algunos funcionarios valoren sus bienes o inmuebles en pesos o en dólares, de manera indistinta, o mencionen cifras sin ningún tipo de explicación: algunos dicen tener bienes del hogar por apenas ocho mil pesos (el precio que hoy tiene un lavarropas o un televisor básico, solamente), y otros por 250 mil pesos, sin detallar a qué bienes se refieren.
Aunque las leyes provinciales indican que los funcionarios deben incluir los valores de sus bienes mencionando también la cotización de mercado, muy pocos lo hacen. Así es posible, por ejemplo, que el ministro de Salud, Francisco Fortuna, afirme que la Clínica Privada de Especialidades Médico Quirúrgicas SRL, que posee con su esposa en Oncativo, vale menos de 400 mil pesos.
Fuente: La Voz del Interior. http://www.lavoz.com.ar/politica/seis-de-cada-10-funcionarios-provinciales-con-demoras-para-declarar-su-patrimonio?cx_level=principal