Sin re reelección, 289 intendentes quedarán fuera de competencia
La disputa generacional que esconde el debate por la suspensión de las re-reelecciones amenaza a ambas coaliciones, pero podría ser más gravosa para el peronismo: de los 277 intendentes que (hasta ahora) no podrán ser reelegidos en 2023, 137 pertenecen a Hacemos por Córdoba, 43 al Frente de Todos y 97 al conglomerado UCR, PRO y vecinalismo.
Además, hay 12 jefes comunales cuya “re-re” está impedida por sendas cartas orgánicas. En un mismo sentido, 24 legisladores provinciales estarían vedados de renovar sus bancas, aunque algunos grises en la ley podrían ser la excusa para llevar la discusión a Tribunales.
Entre los que están impedidos de renovar, se incluye a 18 jefes y jefas territoriales del peronismo, como Oscar González y Francisco Fortuna, pero también a piezas clave en la estructura de Juntos por el Cambio, como Orlando Arduh y Antonio Rins, referente radical de Río Cuarto.
En el Gobierno provincial son conscientes de que la solución de la ecuación dejará heridos: o la vieja guardia que reclama un período más o la generación de dirigentes sub-50 que viene esperando 2023 para ser parte de la reconfiguración de la estructura. Cualquier decisión podría tener su consecuencia electoral: que el caudillo se cruce de brazos o que el renovador busque su propio camino con otro sello.
En Hacemos por Córdoba, el “dramatismo” se da porque la figura central de la política cordobesa, Juan Schiaretti, no estará en la principal candidatura, por lo que el desorden puede ser determinante. En la fragmentada oposición, la posibilidad de hacerse del poder está atada a la unidad.
67% SIN “RE-RE”
En total hay 289 intendentes que no pueden aspirar a una re-reelección, sobre un total de 42, es decir, casi el 70 por ciento. De los imposibilitados de repetir en 2023, 277 podrían presentarse a un nuevo período si la Legislatura provincial suspendiera la ley 10.406, aprobada el 1º de diciembre de 2016. La norma limita a dos períodos consecutivos los mandatos de legisladores, de vocales del Tribunal de Cuentas, de intendentes, de concejales y de tribunos de Cuentas. Las otras 12 tienen sus respectivas cartas orgánicas.
De este universo de 277 jefes comunales, 139 pertenecen a Hacemos por Córdoba, y tienen a su cargo la vida cotidiana de 179.100 personas; 43 responden al Frente de Todos, con injerencia en 68.800 vecinos, y 105 se encuentran en el colectivo que integran el radicalismo, el PRO y vecinalistas, con 286 mil vecinos bajo sus paraguas.
En el peronismo provincial sostienen que suspender la ley que limita las reelecciones beneficia en partes iguales al oficialismo y a la oposición. Es una cuenta polémica: sumando los dos peronismos, el 65 por ciento de los jefes y jefas comunales con impedimento podrían presentarse a un nuevo período en 2023.
Con datos más finos y focalizados en los intendentes e intendentas de las 50 localidades más grandes, el panorama se equilibra: 17 pertenecen a Hacemos por Córdoba, cuatro se referencian en el Frente de Todos, 24 en el radicalismo y en el PRO, y hay cinco vecinalistas. En términos electorales, el partido se juega en esta cancha: las dos patas peronistas lideran a 445 mil vecinos y los no peronistas, a 381 mil.
También hay una lectura de género: en general, quienes no podrán buscar la reelección en 2023 son varones, la gran mayoría de estos, peronistas: 124 de Hacemos por Córdoba y 40 del Frente de Todos. Es decir, el 60 por ciento de los afectados por el límite a la reelección son varones que militan en alguna de las dos vertientes del peronismo, la mayoría (el 45 por ciento de los 277 jefas y jefes comunales) en el oficialismo provincial.
De las 34 intendentas que no podrán renovar sus cargos en 2023, el 59 por ciento responde al peronismo (15 responden a Hacemos por Córdoba y cinco, al Frente de Todos), mientras que siete son dirigentes del radicalismo y cinco del PRO.
UN TERCIO DE LOS LEGISLADORES
En la Legislatura, 24 estarían impedidos de ir por la “re-re”, número que equivale a un tercio de los actuales parlamentarios (aunque varios están en uso de licencia por otros cargos). Como con los intendentes, hay mayoría de varones: 19. De estos, 15 son peronistas: en la última elección fueron reelegidos Carlos Gutiérrez, Carlos Presas, José Pihen, Miguel Majul, Carlos Alesandri, Matías Viola, Franco Miranda, Gustavo Eslava, Julián López, Walter Saieg, Isaac López, Dardo Iturria y Alfredo Altamirano, quienes se sumarían a González y a Fortuna.
Hay algunas incertidumbres. Por ejemplo, Carlos Gutiérrez, quien nunca asumió la banca en este período, ¿es alcanzado por el límite si sólo fue proclamado? O Aurelio García Elorrio, quien está de licencia desde marzo y quizá no vuelva ocupar la banca.
¿Podrá García Elorrio presentarse para una “re-re”? O en el caso del actual ministro de Justicia, Julián López, quien en 2015 fue elegido legislador por distrito único y en 2019, por el tramo departamental, ¿se computan estos cargos como consecutivos? Hay varias situaciones más, por lo que el camino a reclamos judiciales queda abierto.
CUPO FEMENINO
Las mujeres impedidas de ser reelegidas en 2023 son una minoría: 34 jefas comunales y cinco legisladoras (Mariana Caserio, Graciela Manzanares, Tania Kishakevych, María Laura Labat, del PJ, y Elisa Caffaratti, de la estructura de De Loredo).
En el caso de las intendentas, Miriam Prunotto, la radical que comanda los destinos de Estación Juárez Celman, es una de las impedidas a presentarse. Dice que “está en contra de la reelección indefinida”, pero sostiene que es común en las localidades pequeñas que haya cuadros formados o con aspiraciones para ser candidatos. “En 2019 yo no quería ser, pero no teníamos otro candidato. Lo asumo como una falla el no haber impulsado más candidatos”, dice Prunotto.
Ante la actual discusión, Prunotto opina que “es el peronismo el que inventa una discusión donde no la hay, porque no tiene lugares para todos los intendentes que no podrán presentarse” si la ley se mantiene.
Para ella, la salida a esta encerrona es habilitar una Paso en todos los ámbitos, “que compitan todos los candidatos y que la gente elija a quién prefiere; la gente no se equivoca cuando vota”.
Oficialmente, el ministro de Gobierno, Facundo Torres, dijo en reiteradas oportunidades que suspender la ley que impide las reelecciones indefinidas no está en la agenda prioritaria de la administración Schiaretti. Pero no descartó que la discusión legislativa se produzca si logran que los intendentes pongan la cara para afrontar el costo político.
El panorama es complejo en el radicalismo. Los jefes comunales de “la nueva mayoría”, que se referencian en Marcos Ferrer (Río Tercero), anticiparon su rechazo. Dijeron que suspender la ley “sólo puede fundarse en una ambición desmedida de poder, pero nunca en los legítimos intereses de los ciudadanos”.
En el PJ no es muy distinto. En el Panal analizan los cuadros que “están esperando el turno 2023 para reemplazar al caudillo local”. “Negarles la sucesión es invitarlos a romper; la jugada es peligrosa desde lo electoral, porque se pueden perder localidades importantes”, dice un funcionario que se inclina por no entorpecer el proceso de renovación.
QUÉ DIJERON EN LA HISTÓRICA SESIÓN
El 1º de diciembre de 2016, la Legislatura provincial aprobó la reforma electoral que ahora impide la re-reelección de 277 intendentes, de 24 legisladores y de un número no precisado de concejales y de tribunos de Cuentas.
El actual ministro de Justicia, Julián López, fue el encargado de defender por el peronismo el límite de la reelección indefinida. Dijo que esta “debilita el sistema republicano y genera un fuerte desequilibrio de poderes”.
Orlando Arduh, por entonces jefe del interbloque Cambiemos, dijo en el recinto: ”No vengo aquí a exponer un despliegue de doctrina, sino simplemente a afirmar el compromiso histórico que tiene mi partido con lo que consideramos un postulado republicano. No hay margen de discusión, resulta necesario y correcto limitar las reelecciones de las autoridades provinciales y locales. Nosotros creemos en la alternancia, creemos en ella porque es, tal vez, la mejor garantía contra la acumulación del poder arbitrario y el mejor instrumento de renovación y participación política de las sociedades”.
En aquella sesión, coincidió Darío Capitani, jefe de la bancada del PRO: “Es bienvenida la posibilidad de darles forma de ley a estas limitaciones que le hacen bien a la sociedad en su conjunto. La experiencia de estos últimos años nos indica que la ciudadanía viene reclamando por la renovación de los representantes políticos; esta renovación tiene un correlato en una obligación indelegable de los dirigentes políticos de ofrecer a la sociedad las primeras señales del cambio que exige y, sin duda alguna, la posibilidad de reelegir indefinidamente atenta contra este reclamo”.
EL PLANTEO JUDICIAL SERÍA “UNA POSIBLE SOLUCIÓN”
Aunque hay distintas particularidades, el eje de los posibles planteos judiciales que podrían hacer intendentes y legisladores excluidos de participar en 2023 es que la ley consideró como el primer período el que atravesaban al momento de la sanción de la ley, en diciembre de 2016.
Anticipándose a los contenciosos, Julian López –el actual ministro de Justicia– dijo durante la discusión legislativa de 2016: ”Sabemos que habrá algunos planteos de inconstitucionalidad, pero queremos dejar claro que sabemos que si bien rige el principio de que la ley no es retroactiva, principio natural, en este caso expresamente está establecido que ‘a los fines de la aplicación de la presente ley, el actual mandato de cada cargo será considerado como primer período’. Esto salva la situación que ocurrió por el año 1987 con la reforma constitucional de la Provincia, donde no había quedado aclarado en cuanto a la reforma con el cargo de gobernador”.
Desde el Gobierno provincial admitieron que la posibilidad de planteos judiciales está, y que el Ejecutivo “está impedido de intervenir”. “Podría ser una solución: que cada uno pague el costo político de pedir un período más”, reconoció un funcionario consultado.
En Buenos Aires, donde hay una situación análoga, un juez provincial concedió una cautelar a una concejala y suspendió la aplicación de un artículo de la ley de 2016 que puso fin a las reelecciones indefinidas.
Fuente: La Voz del Interior.