Vicentin: Perotti apelará la decisión judicial, mientras Cafiero dice que la expropiación «pasó a un segundo plano»
Los directores de Vicentin SAIC retomaron este lunes las actividades en la sede de Avellaneda (localidad pegada a Reconquista, al noreste de Santa Fe), cumpliendo así la resolución del juez del concurso, que el viernes pasado les devolvió la administración de la cerealera y asignó a los interventores designados por el gobierno nacional el rol de “veedores controladores”.
La Casa Rosada y el gobierno de Santa Fe no quieren que continúe al frente de Vicentin la misma conducción que la llevó a la cesación de pagos por una deuda total de cien mil millones de pesos. El gobierno de Omar Perotti apelará la decisión del juez concursal Fabián Lorenzini e insistirá con la propuesta habilitada por el presidente Alberto Fernández: conseguir la intervención judicial de Vicentin y evitar la quiebra. A fin de semana podría haber una nueva definición judicial.
Durante el lunes, María Stratta, titular de la Inspección General de Personas Jurídica de Santa Fe, confirmó que el gobierno apelará en Cámara la resolución de Lorenzini: “lo que motiva nuestro pedido de intervención es que hay sospechas fundadas de que los administradores no están en condiciones de llevar adelante esta coyuntura tan delicada, donde hay que negociar con los acreedores y además manejar el día a día de la empresa”, dijo la funcionaria.
Stratta explicó que la intervención impulsada por Perotti implica, en lo legal, que “el día que el concurso de acreedores se solucione, la asamblea de accionistas nombra nuevos administradores, la empresa queda saneada y el Estado se va”. En el pedido de intervención judicial, se propone la creación de un “órgano” de administración, integrado por Gabriel Delgado y Luciano Zarich, los interventores designados por el Poder Ejecutivo nacional más un funcionario del gobierno santafesino.
La “solución Perotti”, sin embargo, quiere ir más allá. Busca que una vez superado el concurso de acreedores, surja una empresa “mixta”, integrada por cooperativas de productores, sindicatos y representantes del Estado de Santa Fe. Aún, sin embargo, no está claro cómo podría arribarse a esa nueva empresa mixta.
El Gobierno nacional le dio luz verde al gobernador de Santa Fe. Ayer, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero admitió que el proyecto de expropiación anunciado hace dos semanas por el presidente Alberto Fernández “quedó en segundo plano” a la espera de ver cómo evoluciona el pedido de intervención de la IGJ santafesina.
El domingo pasado, el presidente Fernández recibió en Olivos a Gabriel Delgado, el interventor de Vicentin. El día después del impactante banderazo contra la expropiación que se desarrolló en distintas rutas de la “zona centro”, se evaluaron las distintas posibilidades sobre el futuro de la empresa. Alberto Fernández, dijo a este diario un funcionario que a diario va a Olivos, “quiere evitar que la empresa vaya a la quiebra y desaparezca, dejando 2.600 productores sin cobrar y 18 mil millones de deuda al Banco Nación, mientras que los gerentes salen indemnes y millonarios”. Al respecto, la IGJ de Santa Fe descubrió que “al menos cuatro administradores de Vicentin” empezaron en enero “un proceso de enajenación de bienes”. Es decir, ni aún en la quiebra serían capaces de responder con sus patrimonios las deudas dejadas. “Hay causas penales aquí, en los Estados Unidos y Paraguay”, dicen en el gobierno de Santa Fe, a la hora de impugnar al CEO Sergio Nardelli para que continúe al frente del gigante cerealero.
Gabriel Somaglia, secretario de Justicia de Santa Fe, confirmó que los gobiernos nacional y provincial “quieren ir al rescate de la empresa, pero si van a poner fondos, que sean administrados por el que pone dinero y no por los integrantes del directorio”.
Héctor Vicentin, accionista de la empresa, calificó de “expropiación light” a la propuesta de Perotti. “Sabemos que la empresa tiene problemas, pero hay alternativas a la expropiación, la intervención o a una empresa mixta. Creemos que a las empresas privadas hay que dejarlas trabajar y solucionar sus problemas en el ámbito privado”, dijo Vicentin, quien reconoció que la empresa perdió dinero durante el gobierno de Macri.
El director ejecutivo de Vicentin, Máximo Padoan, restituido en su cargo el viernes pasado, consideró que “las soluciones nuevas que van apareciendo son cada vez peores” y calificó al “plan Perotti” como “peor que la expropiación; desplaza a los administradores que fueron elegidos en asamblea por unos interventores”, explicó.
La directora de Asuntos Jurídicos del Senado nacional, Graciana Peñafort, fue ayer muy clara en transmitir la posición del peronismo kirchnerista: “Si no funciona la alternativa Perotti, vamos por la expropiación”. En el heterogéneo bloque peronista del Senado, no son pocos los legisladores que apuestan a la gestión del gobernador de Santa Fe: más allá del apoyo al gobierno de Fernández, entienden que les resultará muy complicado apoyar una ley de expropiación.
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior