¿Vuelta a la presencialidad plena o profundización de la catástrofe educativa?
Durante esta semana los estudiantes de primaria y secundaria comenzaron a disfrutar de sus vacaciones de invierno, al abrirse el período de “receso invernal” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que no se tomó vacaciones fue el debate en torno a la presencialidad educativa, que marcó la primer semana del receso con anuncios de vuelta a clases con la mayor presencialidad posible en distritos como CABA y Mendoza y, por otro lado, la furiosa reacción de funcionarios del oficialismo Nacional y de la Provincia de Buenos Aires que pusieron el grito en el cielo ante esta posibilidad.
La definición de la CABA fue que, a partir del regreso a clases y de manera progresiva durante el mes de agosto, se vuelva a un esquema de presencialidad total, empezando por los alumnos de secundaria, seguidos de forma escalonada por el resto de los niveles educativos. Además se estableció que el sistema de burbujas dará paso al curso o grado completo. La asistencia a clases será obligatoria, salvo para aquellos niños con condiciones de riesgo o que convivan con personas de riesgo, para quienes la modalidad podrá ser a distancia. En la Provincia de Mendoza la definición también apunta a recuperar la presencialidad total luego del receso invernal, empezando por el nivel inicial y el primer ciclo de la escuela primaria, quienes volverán a clases también con el grado completo y abandonando el esquema de burbujas impuesto por el protocolo de distanciamiento establecido en el Consejo Federal de Educación. En caso de que los niveles de contagio se mantengan controlados, la medida se extendería a los demás cursos de primaria y toda la secundaria en el mes de septiembre.
El Gobierno Nacional continúa firme en su política de negar la presencialidad plena, empeñado en sostener protocolos que ya fueron descartados en buena parte del mundo y apelando a argumentos de dudosa solvencia como el de supeditar la vuelta a clases a la vacunación de los alumnos menores de 18 años. Durante la sesión del Consejo Federal de Educación -realizada el martes pasado- se ratificaron los protocolos que exigen el distanciamiento de un metro y medio entre alumnos, el uso de tapabocas y la ventilación cruzada, entre otras medidas. Las mismas fueron defendidas a ultranza por el Ministro Trotta, quien además criticó duramente los anuncios del Gobierno de la Ciudad, calificandolos de “incomprensibles” ya que “pueden ser un riesgo para los alumnos”. En un intento de clausurar el debate sentenció: “es irracional plantear presencialidad plena y sin distanciamiento dentro del aula”.
Seguramente siguen creyendo que lo más razonable es continuar profundizando la catástrofe educativa provocada por la desidia e inoperancia con la que se manejaron desde el año pasado. Escuelas cerradas por decreto durante un año y medio, sosteniendo la ficción de “clases virtuales” frente a una sociedad atravesada por la pobreza y la desigualdad. Sin atender a los reclamos desesperados llevados adelante por Padres Organizados de todos los rincones del país, las advertencias realizadas tempranamente por la Fundación Alem -en su documento “Volver a las Aulas”- o los preocupantes informes emitidos por la Sociedad Argentina de Pediatría y UNICEF. Tras todo este tiempo de convivir con la pandemia, la única medida a la que la cartera educativa nacional se aferra parece ser el cierre de escuelas.
Mientras tanto, casi diez millones de niñas, niños y adolescentes sufrieron pérdidas de aprendizaje devastadoras y alrededor de un millón y medio de estudiantes fueron abandonados por el Estado -que no garantizó su Derecho a la Educación-. Lo más indignante es que las restricciones severas y el celo por la aplicación de los protocolos parecen sólo regir para el ámbito educativo: para otras áreas del Gobierno no existen reparos en realizar reuniones masivas sin distanciamiento, promover encuentros multitudinarios o hacer la vista gorda frente a concentraciones de gente que están lejos de cumplir los altos estándares que pretenden aplicar en las escuelas. Esta obsesión del Gobierno Nacional en mantener las escuelas cerradas está empujada desde las filas del kirchnerismo camporista, cuyo referente en materia sanitaria, Nicolas Kreplak, manifestó que “reducir la distancia entre los niños teniendo uno al lado de otro en pupitres no me parece adecuado. Es más, me parece peligroso”.
Lo que no les parece peligroso es que diversos estudios reflejen la complejidad y magnitud de la catástrofe educativa con una pérdida de aprendizajes que afecta principalmente a los niños de familias más pobres y un combo de problemas psicológicos como crisis de ansiedad, trastornos alimenticios y del sueño que golpea a todos sin excepción. La grave crisis del sistema educativo en la Argentina requiere medidas urgentes y una planificación a mediano y largo plazo, que articule esfuerzos conjuntos entre el Estado Nacional y las 24 jurisdicciones educativas, fortaleciendo la formación y la tarea de docentes y personal directivo en las escuelas, evaluando y recopilando información estadística para tomar las mejores decisiones y abriendo la participación y promoviendo el involucramiento de las familias en el proceso educativo. Algo de esto propone la Diputada Nacional Brenda Austin en su proyecto de “Pacto Educativo Intergeneracional» para superar la crisis del sistema educativo.
Las elecciones de medio término podrán definir nuevas mayorías en ambas cámaras del Congreso, dando más fuerza a proyectos como el que mencionamos. La catástrofe educativa caló hondo en toda una generación de niñas, niños y adolescentes. Necesitamos construir una propuesta educativa que revierta la grave crisis del sistema, poniendo el esfuerzo y compromiso necesarios para cambiar el futuro de nuestro país. Es hora de que encontremos un rumbo para la Educación en la Argentina, antes de que sea demasiado tarde.
*Opinión publicada también en Nuevos Papeles